Los jueces ‘salvan’ a los polticos del sur de Alicante de la trama de la basura

La Audiencia no entra a valorar si el empresario ngel Fenoll, les corrompi durante aos para mantener el servicio. Les absuelve al invalidar las conversaciones telefnicas. Esta pieza es el origen de la macrocausa conocida como ‘Brugal’

El empresario

El empresario ngel Fenoll.
EFE

  • El proceso.

    El macrojuicio de las ‘basuras de Orihuela’

La Audiencia Provincial de Alicante ha puesto fin al amao de la contrata de basura en el sur de Alicante, un largusimo proceso que pivota sobre la compra de voluntades polticas por parte del empresario ngel Fenoll y que ha dado origen a ms de 20 piezas sobre corrupcin bajo el nombre de ‘Brugal’, con una sentencia absolutoria por cuestiones formales que, de momento, libra de la crcel al industrial y a los polticos que le han acompaado en el banquillo acusados de dejarse ‘comprar’.

El tribunal ha invalidado las escuchas telefnicas que llevaron a la Polica y a Anticorrupcin a concluir que Fenoll levant un imperio de la basura a base de extorsiones y sobornos a los polticos que dirigan el Ayuntamiento de Orihuela, entre ellos los ex alcaldes Jos Manuel Medina y Mnica Lorente. En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, los jueces afean a los investigadores haber trabajado con « fuentes de prueba » que se obtuvieron, dicen, de « manera ilcita ».

Insiste en que los pinchazos telefnicos se obtuvieron infringiendo el derecho fundamental al secreto de las telecomunicaciones, en la medida en que no contaron con resoluciones judiciales que las autorizasen. Adems, la Audiencia tambin incide en que no se sigui el protocolo de sellado necesario para su volcado.

La poltica de las ltimas dcadas en el sur de la provincia de Alicante no se puede explicar sin hablar de ngel Fenoll, algo parecido a un Vito Corleone en la comarca de la Vega Baja, el gran conseguidor y contratista habitual de las administraciones controladas por el PP. De hecho, Fenoll est salpicado en otros muchos casos de corrupcin.

La investigacin comenz en 2006 por el posible amao en el contrato de las basuras durante la etapa del alcalde Manuel Medina. Aos despus, Fenoll se distanci de Medina. La grieta entre ambos lleg por unos pagos que el empresario reclamaba al Ayuntamiento y que no se satisficieron. Fue entonces cuando Fenoll cambi de bando y se puso del lado de Mnica Lorente – pedan para ella ocho aos de crcel-, quien en ese momento disputaba la Alcalda a Medina. Segn el fiscal, el empresario tuvo mucho que ver en su ascenso y ella se lo agradeci. Cmo? Haciendo intocable para otros empresarios la concesin de las basuras.

La Fiscala Anticorrupcin solicitaba penas muy altas para los acusados. As, para Medina peda 12 aos de prisin por prevaricacin, fraude y cohecho y para el principal implicado, Fenoll, un total de 37 aos y 8 meses por prevaricacin, fraude, cohecho, trfico de influencias, extorsin, coacciones, asociacin ilcita, uso de informacin privilegiada y delito electoral.

El tribunal se ha mostrado especialmente duro con el trabajo de la Unidad de Delincuencia Econmica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Polica y tambin con Anticorrupcin. « Esto es una investigacin policial o judicial prospectiva. Por no hablar de los abusos de derecho y desviacin de poder que puede implicar que un a unidad policial habilitada para investigar por blanqueo de capitales utilice la va especfica del rgano Centralizado de Prevencin (OCP) para investigar otros hechos ajenos al blanqueo ».

« En varias ocasiones en esta causa este Tribunal ha hecho, como no puede ser de otra manera, un esfuerzo de comprensin tanto en la actuacin de los instructores como de la fuerza actuante, pero no siempre cabe convertir los derechos que ataen a los acusados en el proceso en principios elsticos en su perjuicio.

Y finaliza: « hay una falta de las resoluciones judiciales legitimadoras de las fuentes de prueba con que se ha abierto este proceso y de la documentacin en que se sustentan, as como la falta de garantas de sellado en el volcado obrante en los soportes existentes en este proceso judicial, solo cabe declarar la ilicitud de las intervenciones telefnicas y de las pruebas documentales, testificales, y de otra ndole que directa o indirectamente se derivaron de las mismas, al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones ».

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