La bsqueda de los cuerpos se alarga tras cribar apenas el 10% de la masa de 1,7 milln de metros cbicos de vertidos
Una mujer coloca flores frente al consistorio de Eibar (Guipzcoa), en memoria de los dos desaparecidos en Zalbibar.
EFE
El 6 de febrero a las 16.40 horas el director tcnico de Verter Recycling llam por telfono a un tcnico del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco para comunicar que el vertedero de Zaldibar (Vizcaya) se haba derrumbado. Cuatro meses despus, la enorme lengua de 1,7 metros cbicos de residuos industriales -incluido amianto- mantiene atrapados los cuerpos del trabajador Alberto Solaluze y del tcnico subcontratado Joaqun Beltrn.
Una catstrofe humana y medioambiental que se alarga porque las excavadoras slo han logrado cribar un 8% del derrumbe total y las causas de la tragedia se posponen por la investigacin judicial, mientras el Gobierno vasco seala a la empresa y se enfada con la imprevista irrupcin de la Unin Europea.
El Gobierno de Iigo Urkullu afronta la campaa electoral con el lastre del vertedero de Zaldibar como una espada de Damocles que cuestiona su gestin pblica. El derrumbe de la instalacin privada situada en un monte junto a Ermua desnud un elefante en el saln que generaba ingresos fiscales de medio milln de euros anuales y facilitaba una gestin barata de 511.000 toneladas de residuos siderrgicos, de papeleras, incluidas las 4.253 toneladas de material de la construccin con amianto.
Casi 2,8 millones de toneladas almacenadas por una sociedad de un clan familiar -encabezada por Jos Ignacio Barinaga– con slo seis trabajadores en plantilla y que tena subcontratado a Joaqun Beltrn para gestionar la continua llegada de residuos industriales.
Segn los ltimos datos del Gobierno vasco, el dispositivo de bsqueda de los cadveres ha cribado 137.755 metros cbicos de escombros -de un total almacenado de 1,7 millones de metros cbicos-, sin localizar a ninguno de los dos trabajadores.
60.000 vecinos movilizados
El Ejecutivo autonmico asumi desde la tarde del 6 de febrero las labores de emergencia, primero, y la bsqueda y estabilizacin del derrumbe, despus, ante la magnitud de una catstrofe medioambiental que ha movilizado a gran parte de los 60.000 vecinos que residen en municipos como Ermua, Eibar, Elgeta, Zalla, Markina y Zaldibar. Agrupados en la plataforma Zaldibar Argitu -Aclarad Zaldibar, en euskera-, cientos de vecinos de estas localidades se manifestaron este sbado reclamando no slo la localizacin de los trabajadores sepultados, sino exigiendo responsabilidades polticas al Gobierno vasco por la falta de control del vertedero.
La peticin de « responsabilidades » en los gritos de las marchas celebradas en media docena de municipios de la zona va ms all de las intensas labores de bsqueda en la que participan hasta 100 personas, entre los tcnicos de varias empresas subcontratadas, los trabajadores de una docena de mquinas pesadas -excavadoras y camiones- y de personal de emergencias y ertzainas con perros de bsqueda.
Un lento cribado de toneladas de residuos -el pasado 3 de junio se logr cribar 2.192 metros cbicos- con resultados muy por debajo de las expectativas sociales. El hallazgo del coche convertido en un amasijo de hierros de Alberto Sololuze el pasado 5 de abril alumbr la esperanza de un hallazgo prximo de los cadveres, pero los cazos de las excavadoras a punto estn de cribar la zona de entrada al vertedero sin hallar rastro ni de Alberto ni de Joaqun Beltrn.
El Gobierno vasco ya ha presupuestado un gasto de nueve millones de euros (con IVA) para afrontar los gastos realizados en estos cuatro meses y el pasado 5 de junio gir una primera factura de 3,4 millones de euros a la empresa que ahora estudian los responsables de Verter Reciclyng.
La investigacin judicial
Fuentes de la empresa aseguraron que cuentan con plizas de seguro y que depositaron una fianza de 1,1 milln de euros en 2012 cuando inici su actividad. La empresa de Jos Ignacio Barinaga se enfrenta a dos presuntos delitos en los juzgados y a tres expedientes administrativos abiertos por el Gobierno vasco y la Diputacin de Vizcaya como consecuencia de un derrumbe que se produjo dos das despus de que sus trabajadores detectaran grietas en la masa de vertido.
La investigacin judicial abierta en el Juzgado de Instruccin nmero 1 de Bilbao ha frenado el debate poltico y social sobre las causas de la tragedia y sus responsabilidades.
El consejero Iaki Arriola (PSE-EE) ha recalcado en sus comparecencias pblicas que era la empresa la responsable de cumplir las condiciones establecidas en la autorizacin para iniciar la actividad, concedida en 2011, que posteriormente fueron modificadas permitiendo almacenar otros materiales como el amianto.
Arriola, sealado por la oposicin, explic en el Parlamento que, tanto en 2017 como en 2018, los informes de asentamiento minimizaban el efecto de « movimientos horizontales significativos » en el talud del vertedero. Y mostr un informe de la empresa guipuzcoana Lurtek, entregado el Gobierno vasco el 21 de enero de 2020, que aseguraba que el vertedero era « estable ».
Apenas dos semanas ms tarde el vertedero se derrumb a lo largo de 300 metros de ladera, con una anchura de 150 metros, hasta frenarse sobre los tres carriles de la autopista que une Bilbao con San Sebastin.
La investigacin europea
El Gobierno vasco deber mantener ante la Unin Europea que cumpli con sus obligaciones de inspeccin y control tras la decisin comunicada el pasado 13 de mayo del comisario de Medio Ambiente, Ocanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, de intervenir tras detectar las « graves deficiencias » en el vertedero y la falta de control administrativo.
Una respuesta a preguntas formuladas por europarlamentarios del PP y Ciudadanos, que coloca a Zaldibar en la agenda de la UE ante el indisimulado malestar del lehendakari Urkullu. El tambin candidato del PNV para ser reelegido el 12 de julio sabe que Zaldibar ser uno de los pilares de la oposicin para cuestionar su liderazgo.
Carlos Iturgaiz, aspirante a lehendakari por el PP vasco, denunci este sbado junto al vertedero de Zaldibar « el silencio atronador » instalado en el Pas Vasco para « esconder las vergenzas del PNV ». Un argumento con el que Iturgaiz vincula Zaldibar con la red clientelar de los nacionalistas, especialmente con las sociedades familiares que explotan concesiones pblicas como canteras y vertederos.
Precisamente, el PP, a travs de su europarlamentaria Dolors Montserrat, presiona en Bruselas para que la UE analice si la gestin de los vertederos vascos cumplen o no las directrices europeas, y ya ha registrado peticiones de informacin sobre la presencia de amianto en Zaldibar cuando este residuo no estaba previsto en una autorizacin concedida en 2007 con Juan Jos Ibarretxe como lehendakari.
La verdad, exigida por los familiares de Sololuze y Beltrn, tambin tendr que esperar.
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