El final del estado de alarma produce desencuentros en el Gobierno andaluz

PP y Cs discrepan pblicamente sobre el momento de dar libertad a los andaluces para circular entre provincias. La desaparicin del mando nico obligar al gobierno autonmico a asumir el coste de las decisiones tras meses de ‘tutela’ del Ministerio de Sanidad

Juan Mar

Juan Marn y Juan Manuel Moreno conversan con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en la sesin de este mircoles.
EFE

  • Crisis sanitaria.

    El Gobierno andaluz condiciona la movilidad entre provincias tras semanas reclamndosela al Gobierno

El final del estado de alarma a partir del 22 de junio devolver a las comunidades autnomas las competencias retenidas durante el parntesis obligado por la pandemia y permitir a los gobiernos regionales recuperar la capacidad de tomar decisiones y, por ende, de equivocarse, dado que el terreno en el que se mueve la gestin poltica es siempre movedizo en mitad de una pandemia con casi 30.000 fallecimientos vinculados al coronavirus.

En el caso andaluz, el mando nico ha permitido al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ejercer un papel ms de oposicin que de gobierno, pues ha sido la administracin central la que, con ms o menos acierto, ha tomado las riendas de la cuarentena, de la suspensin de la actividad econmica y de la posterior reactivacin por sectores y territorios.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha hecho frente a la compra del material de proteccin que no llegaba desde Madrid, ha gestionado el sistema sanitario y las residencias de ancianos y ha adoptado medidas paliativas destinadas a los autnomos y los pequeos y medianos empresarios, pero siempre ha tenido argumentos (la mayora ms que fundados) para sealar al Gobierno de Pedro Snchez ante la insuficiencia de los medios o la inconsistencia de algunas decisiones de ida y vuelta.

El regreso paulatino a la normalidad acabar desactivando el mando nico y obligando a los gobiernos autonmicos a asumir el coste poltico de sus decisiones. Y es entonces cuando se pondr en evidencia que tampoco los ejecutivos regionales tienen varitas mgicas para garantizar la salud pblica y a la vez minimizar el dao en la economa. Las debilidades propias tambin se harn ms evidentes. Pas ya cuando el presidente de la Junta apremi al Gobierno para que el final del curso pudiera realizarse de manera presencial para garantizar, entre otras cuestiones, la conciliacin familiar en el regreso al trabajo pero se top con la oposicin frontal de los sindicatos docentes. Despus, cuando el Ministerio de Educacin recomend la reapertura y el regreso a las aulas para los menores de 6 aos, la Junta cuestion la implantacin de una frontera de edad que no solucionaba el problema a las familias. Al final, las comunidades han tenido libertad para acometer el final del curso y Andaluca, a diferencia de otras comunidades como el Pas Vasco o Galicia, no ha previsto ningn tipo de atencin presencial a sus alumnos. Ni para los pequeos por ser pequeos ni para los mayores que afrontan el ltimo curso de la ESO o el 2 de Bachillerato y la Selectividad con todas sus complicaciones.

Igualmente, de cara al comienzo del curso 2020-21, el Ministerio de Educacin vuelve a situarse de perfil y Andaluca se queja ya de que no se ofrezca una lnea de actuacin clara que permita a todas las comunidades actuar al unsono. De nuevo, el ejercicio de las competencias propias crea ms vrtigo que satisfaccin por la autonoma recuperada.

El ltimo ejemplo de la indefinicin lo hemos encontrado esta semana, cuando el Gobierno andaluz ha manifestado posiciones claramente contradictorias en torno a la movilidad entre provincias, una reivindicacin que el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marn (Cs), lleva planteando desde hace al menos dos semanas. Pues bien, tanto el consejero de Salud como el consejero de Presidencia (ambos del PP) se mostraron el lunes en contra de consolidar una « desescalada a dos velocidades en Andaluca », de manera que descartaron solicitar o autorizar la libre circulacin entre provincias si el Gobierno no permite esta semana el pase a la fase 3 de la comunidad en su conjunto, o sea, si Mlaga y Granada vuelven a quedarse atrs. Fue una rectificacin en toda regla de las posiciones defendidas pblicamente por Juan Marn.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, discrepaba horas ms tarde, sin embargo, de esa rectificacin y afirmaba que no sera justo que « pagaran justos por pecadores », aunque aadi inmediatamente, en prevencin de reacciones adversas, que en esta polmica « no hay pecadores ». A simple vista es evidente que existe una discrepancia, de momento de ndole menor y fcilmente superable en el tiempo, entre los partidos que conforman la coalicin de gobierno. El apoyo de Ciudadanos a la sexta prrroga del estado de alarma deja por otro lado en un situacin delicada y bastante difusa a los dirigentes naranjas en un gobierno, el andaluz, que viene reclamando desde hace semanas la recuperacin total de las competencias.

Por otro lado, la decisin de PP y Ciudadanos de dejar la presidencia de la comisin parlamentaria para la recuperacin econmica en manos de Vox ha levantado ampollas en el partido a nivel nacional, ahora que Ins Arrimadas vuelve a apostar por un perfil ms « centrado » y utilitarista del partido.

Pese a todo, no es descartable que el desencuentro sobre la libre circulacin de los andaluces tenga ms que ver con los complicados equilibrios territoriales (Elas Bendodo es presidente del PP de Mlaga) que con diferencias ideolgicas o conceptuales. De alguna manera, hay quien puede entender que decretar la libertad de movimiento entre todas las provincias salvo Mlaga y Granada puede ahondar en la « estigmatizacin » que, segn la Junta, el Gobierno de Snchez ha provocado a la marca turstica Costa del Sol.

Aunque cabe una tercera interpretacin a este inesperado enfrentamiento, que es la preocupacin en parte del Gobierno andaluz por el coste poltico que pueda suponer un hipottico rebrote de la epidemia en medio del xodo masivo de los sevillanos a las playas de Cdiz y Huelva, por ejemplo, y tras una resolucin unilateral del Gobierno andaluz. Acompasar las decisiones a las directrices del mando nico del Ministerio de Sanidad evita tener que asumir responsabilidades si alguna de esas decisiones se desvela prematura o incluso desacertada. De nuevo, el vrtigo.

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