PSOE y Podemos rechazan la ley anticorrupcin de Cs que propone prohibir los indultos y blindar a los denunciantes

La proposicin planteaba nuevos delitos, como el enriquecimiento ilcito no justificado de los polticos y sanciones de hasta 400.000 euros para los que persigan a los que denuncien la corrupcin

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El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, participa este mircoles en la sesin de control del Congreso.
Fernando Alvarado EFE

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    Ciudadanos denuncia que el Congreso paraliza su Ley contra la corrupcin

PSOE y Unidas Podemos han forzado hoy el rechazo del Pleno del Congreso a la toma en consideracin de un proyecto de ley anticorrupcin presentado por Ciudadanos que pretenda blindar a los denunciantes por corrupcin y propona medidas como la prohibicin de los indultos a los polticos condenados por estos delitos.

La norma de Cs planteaba reformas en leyes orgnicas como el Cdigo Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras, para blindar y proteger a los funcionarios o trabajadores del sector pblico que denuncien prcticas corruptas, prohibir los indultos para los condenados por corrupcin e introduce nuevos tipos penales, como el enriquecimiento ilcito.

Tanto la portavoz del PSOE como la de Podemos han rechazado la propuesta por entenderla « desfasada ». Y han instado a Cs a apoyar la norma que han dicho que tiene previsto impulsar el Ejecutivo.

La toma en consideracin slo ha contado con el voto a favor del PP, Vox, Cs y Ms Pas. Todos los nacionalistas, por su parte, han votado en contra con gruesas crticas a Cs por ser « oportunista ».

En 2017, el Congreso s inici la tramitacin de una proposicin muy similar. Sin embargo y como explica el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, el PP y el PSOE bloquearon la norma con la excusa de que era demasiado amplia. Por eso ahora, Cs haba limado aspectos que no eran nucleares de la propuesta y la ha centrado an ms en las medidas en las que bsicamente estaban de acuerdo los grandes partidos, que hace dos aos apostaron por dejar la norma en el limbo de la Cmara Baja.

Entre las novedades que ahora inclua la propuesta estn la creacin del Estatuto de Proteccin del Denunciante, que transpone una directiva europea. Cs propone que se cree una autoridad administrativa Independiente con un fuerte rgimen sancionador administrativo para los casos en los que se incumplan las normas de proteccin del denunciante.

Para ello, a aquellos trabajadores del sector pblico -o los contratistas que trabajen con l- que denuncien supuestas prcticas corruptas se les garantizara el derecho a la confidencialidad y a la indemnidad en su puesto de trabajo.

Asimismo, tendran derecho a recibir informacin sobre la situacin administrativa de su denuncia, a disfrutar de asesoramiento legal y a ser indemnizados por los daos que puedan sufrir por haber denunciado.

La nueva autoridad tendra plena independencia orgnica y funcional del Gobierno. Tambin supervisara que las autoridades y el personal del sector pblico estatal cumplen sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, rgimen de incompatibilidades y buen gobierno. Y podra realizar investigaciones -con las cuales ser obligatorio colaborar- e imponer sanciones.

La proposicin de ley enumera una serie de infracciones y las clasifica como « leves », « graves » o « muy graves ». Entre estas ltimas, estn el quebrantamiento de las medidas de proteccin de los denunciantes y cualquier represalia que se aplique contra ellos como despedirlos, degradarlos, cambiarles de puesto, bajarles el sueldo, sancionarlos, coaccionarlos o darles un trato desfavorable.

Las infracciones leves se castigaran con una amonestacin o con una multa de entre 200 y 5.000 euros; las graves, con una multa de entre 5.001 y 30.000 euros; y las muy graves, con una multa de entre 30.001 y 400.000 euros.

Enriquecimiento ilcito

Bal resalta que la norma introduce nuevos delitos, como el enriquecimiento ilcito no justificado de los cargos pblicos: que no puedan justificar determinados gastos o nivel de vida. Como los polticos tienen que hacer una declaracin de bienes y de actividades al comienzo de su actividad pblica, podr ser delito despus que tengan gastos desmedidos que no puedan justificar, ya que sus ingresos son pblicos y deben estar publicados gracias a la ley de transparencia.

El abogado del Estado resalta en conversacin con EL MUNDO que esta nueva figura legal « no es algo raro en el mundo del Derecho Penal« . « En materia de delito fiscal », aade, « hay una figura tpica que es el incremento no justificado de patrimonio que puede constituir delito fiscal ». Sera algo similar, pero como delito penal nuevo para los polticos y cargos pblicos.

La proposicin de Ley de Medidas de Lucha contra la Corrupcin pretende ser « un marco integral para prevenir, reaccionar y castigar la corrupcin, para acabar con la impunidad de los corruptos y para proteger a quienes la denuncian en aras del inters general », como explica el texto que se debate hoy.

Ms tiempo para investigar

Tambin modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la limitacin de plazos mximos en la instruccin penal. Fuentes de Ciudadanos aseguran que esta medida, que aprob el Gobierno del PP, ha provocado que las causas ms complejas -como suelen ser las relativas a las grandes tramas de corrupcin- no se puedan abordar en su integridad. De esa forma, ciertos delitos quedan impunes.

Adems, la norma introduce la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos polticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido en el desempeo de sus obligaciones o servicios sus cargos, empleados, dependientes o representantes.

Fuentes del Grupo Parlamentario de Cs dan por casi seguro el inicio de su tramitacin porque « pocos van a ser los que se atrevan hoy a votar en contra ». Adems su nueva relacin con el Gobierno y su condicin de socio de gobierno o electoral del PP convierten a Cs en una pieza clave, aunque con un escaso nmero de escaos, en el Parlamento.

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