El recurso, de 320 pginas, alega dos infracciones de ley, quebrantamiento de forma e infraccin de precepto constitucional como motivos fundamentales para solicitar la absolucin
Manuel Chaves y Jos Antonio Grin, en el banquillo del juicio de la pieza principal de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andaluca Jos Antonio Grin ha presentado ante el Tribunal Supremo el recurso de casacin contra la sentencia de la pieza poltica del caso ERE, en la que a su juicio fue condenado por « meras presunciones y presunciones de presunciones ».
En un escrito fechado este 15 de junio al que ha tenido acceso Efe, los abogados de Grin formalizan ante la Sala Segunda la interposicin del recurso contra la sentencia dictada por la Seccin Primera de la Audiencia de Sevilla, que impuso al tambin exconsejero de Economa y Hacienda seis aos y dos das de prisin y quince aos y dos das de inhabilitacin absoluta por malversacin y prevaricacin.
El recurso, de 320 pginas, alega dos infracciones de ley, quebrantamiento de forma e infraccin de precepto constitucional como motivos fundamentales para solicitar la absolucin.
El abogado Jos Mara Calero argumenta en primer lugar que Grin no cometi prevaricacin porque « se tiene por probado » que sus actuaciones « siguieron siempre el criterio de los informes favorables de la Intervencin General », por lo que la sentencia « no describe una actuacin ilegal ».
En cuanto a la malversacin, aade, el tribunal « no narra que sustrajera alguna cantidad de esos fondos para s ni que permitiera que otros lo hicieran » ni « identifica relacin alguna ni con quienes los gestionaban y administraban (…) ni con quienes los recibieron ».
El recurso resalta que la base de la condena es el destino de los fondos, a pesar de que la Sala lo haba excluido « expresa e inequvocamente » del juicio por ser objeto de otras piezas separadas, pero despus consider, « sin llegar a declarar probado », que Grin « pudiera haber asumido como una eventualidad que se pudiera dar a los fondos un destino distinto al previsto ».
Para la defensa de Grin, la sentencia contiene « otro error fatal » atribuyndole « una suerte de continuismo o seguidismo pasivo », ya que entre 2004 y 2009 « fue informando ao a ao puntualmente » y « promoviendo a norma de obligado cumplimiento todas las indicaciones y sugerencias de la Intervencin ».
En este sentido, el recurrente lamenta que el tribunal « desconoce las tajantes afirmaciones del interventor general », que fue absuelto, « sobre la ausencia de menoscabo de fondos o la descalificacin radical, que llega a calificar de ‘disparate’, de las valoraciones de la Intervencin del Estado », cuyos peritos sealaron que haba habido fraude.
El recurso denuncia que los argumentos contra Grin incluyen « trminos ambiguos, equvocos, planos y confusos » y que la sentencia peca de « falta de concrecin », a lo que agrega que el juicio oral se vio « interferido » por el « juicio paralelo ».
La sentencia, a juicio del abogado, contiene « lagunas, vacos y ausencia de fundamentacin » respecto a los hechos « esenciales » por los que condena a Grin y « no ofrece explicacin alguna o la que ofrece recurre reiteradamente a meras presunciones y presunciones de presunciones ».
El recurso tambin critica que la Audiencia « se aleja de parmetros de coherencia y racionalidad » al considerar « irrelevante » que el Tribunal Supremo no estimase probado que Grin « interviniera en la concesin de ayudas fraudulentas ».
El abogado recuerda que Grin tena entre 2012 y 2013 un patrimonio consistente en la mitad de una vivienda, un saldo bancario de 14.207 euros y el 50% de un plan de pensiones con un valor de 22.731,93 euros, as como dos automviles, lo que « acredita por s mismo la limpia ejecutoria de un servidor pblico ».
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