El Gobierno admite a la juez del 8-M que no registr las llamadas para desconvocar manifestaciones

La delegacin en Madrid reconoce que no hay constancia documental de las llamadas telefnicas para anular concentraciones

El delegado del Gobierno en Madrid, Jos

El delegado del Gobierno en Madrid, Jos Manuel Franco, se dirige a una reunin con la Federacin de Municipios de Madrid, el 4 de junio.
EFE

La delegacin del Gobierno de Madrid remiti el pasado 1 de junio una carta a la titular del Juzgado de Instruccin nmero 51 de la capital, la magistrada Carmen Rodrguez-Medel, donde admite que las distintas llamadas telefnicas realizadas el 11 de marzo desde este rgano para solicitar a promotores que desconvocaran varias manifestaciones en plena expansin del coronavirus, no quedaron registradas en ningn sitio.

Adems, sostiene que las mismas se realizaron con el objetivo de « colaborar » con las unidades policiales que deben velar por la seguridad en el transcurso de aquellos actos que no fueran desconvocados.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el secretario general de la delegacin del Gobierno, Fernando Talavera, responde a un oficio enviado por la instructora del 8-M, donde se les preguntaba si las 21 manifestaciones y concentraciones que fueron desconvocadas en los das posteriores a la multitudinaria manifestacin del Da de la Mujer se hizo por « iniciativa propia » o « a requerimiento » de este organismo y « qu cauce se utiliz para ello ».

Talavera explica que « se procedi por parte de los funcionarios de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la delegacin del Gobierno a contactar con los interesados al final de la maana del da 11 de marzo de 2020 » para conocer, « si a la vista de los acontecimientos, tenan previsto llevar a cabo las manifestaciones o concentraciones ».

Los argumentos de la delegacin

Asimismo, desde el rgano delegado que dirige el investigado Jos Manuel Franco -imputado en la causa del 8-M por un delito de prevaricacin y citado por la juez el prximo 10 de junio- se sostiene que estas comunicaciones telefnicas con los convocantes se hacen « en escenarios sobrevenidos sobre la situacin prevista inicialmente para favorecer una disposicin ms eficiente de los efectivos policiales encargados de las seguridad de los eventos ».

El objetivo de esas llamadas telefnicas, segn la versin dada por la delegacin del Gobierno a la magistrada, es « colaborar » para que « las unidades policiales competentes planteen sus dispositivos y los ejecuten slo en los casos en que aquellos confirmen su voluntad de ejercer tal derecho fundamental, ya reconocido por este organismo, que se ha dado por comunicado previamente ».

La juez instructora del 'caso 8-M', Carmen Rodr
La juez instructora del ‘caso 8-M’, Carmen Rodrguez-Medel.EL MUNDO

Por otro lado, en la carta se detalla que la « mayora de las llamadas » se realizaron los das 11, 12, 13 y 16 de marzo, aunque se realiz alguna otra entre los das 17 y 27 de dicho mes cuando los promotores no fueron localizados en las cuatro primeras fechas.

La juez Rodrguez-Medel pregunt a la delegacin del Gobierno que le concretara si se haba realizado requerimientos para desconvocar manifestaciones entre los das 5 y 14 de marzo -cuando se decret el estado de alarma- que no hubieran sido documentados y, en este supuesto, exigi que se le comunicara « las razones para no hacerlo ».

La aplicacin ‘investigada’

El organismo de Franco le responde que en la aplicacin denominada Gestin de Concentraciones y Manifestaciones, sobre la que se opera en todas las delegaciones y subdelegaciones de Espaa, « efectivamente queda todo registrado y archivado con asientos electrnicos, siempre que la gestin se realice desde la propia aplicacin y ajuste, por tanto, a los parmetros y formalidades para lo que est diseada ».

La citada aplicacin permite grabar manualmente los datos de las distintas convocatorias, pero, aseguran, « no est configurada para realizar ni registrar las llamadas telefnicas que se puedan realizar concernientes a la gestin de las concentraciones que se reciben ».

Asimismo, el secretario general de la delegacin del Gobierno, citado como testigo por la juez el 10 de junio para prestar declaracin en el procedimiento, recalc que en la Unidad de Seguridad Ciudadana del citado organismo « no existe ninguna base de datos o libro registro de comunicaciones telefnicas en los que puedan aparecer recogidas las distintas llamadas realizadas por los funcionarios actuantes en dicha unidad ».

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