La asociacin Jos Mara Mena cuestiona la legalidad de llamada de Mara Gmez al coronel para comunicarle su destitucin
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, besa a la directora de la Guardia Civil, Mara Gmez, el da de su nombramiento.
La Asociacin de Consumidores y Usuarios Jos Mara Mena ha presentado una denuncia ante los juzgados de guardia en Madrid contra la directora general de la Guardia Civil, Mara Gmez, por un presunto delito de prevaricacin relacionado con el cese del coronel Diego Prez de los Cobos como mximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.
La asociacin entiende que fue delictivo que se justificara la razn de dicha destitucin en el hecho de que este mando policial no « articulara los mecanismos adecuados » para que el Ministerio del Interior estuviera al tanto de los informes que una de sus unidades en la comandancia realiza en el marco de la causa que investiga la juez del Juzgado de Instruccin nmero 51 de Madrid, contra el delegado del gobierno en Madrid, Jos Manuel Franco, por permitir la manifestacin feminista del 8-M.
Se da la circunstancia de que esta asociacin es, junto a la Unin de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, a la que la juez Carmen Rodrguez Medel ha atribuido la direccin letrada de la acusacin popular en la causa contra Franco, en la que se han personado varias asociaciones y particulares.
En la denuncia contra Gmez, la asociacin cuestiona la legalidad de la llamada que la directora general hizo personalmente a Prez de los Cobos el pasado 24 de mayo para comunicarle su cese fulminante. En esta comunicacin, Gmez abra argumentado que la causa del 8-M es delicada para el Gobierno y por ello estara interesado en conocer lo que la Guardia Civil ha entregando a la juez.
Investigar quin es « la cpula »
A continuacin, siempre segn la denuncia, la principal responsable poltica de la Guardia Civil refiri la fundamentacin fctica de la resolucin del cese en las funciones del coronel Prez de los Cobos « por no articular los mecanismos adecuados para que el ministerio est informado », aadiendo, adems, que la « cpula » ya haba decidido su cese.
Sobre quin es la persona o personas que integran esta « cpula », se desconoce y deber ser objeto de la instruccin, segn los denunciantes, que recuerdan que, nada ms instruirse el procedimiento, la titular del juzgado requiri absoluta reserva sobre la instruccin.
Esta orden fue reiterada en un oficio fechado el 25 de mayo -una vez conocido el cese-, donde se recordaba a la secretara de Estado de Interior que la polica judicial tiene obligacin de « guardar rigurosa reserva sobre la evolucin y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, as como de todas las informaciones que, a travs de ellas, obtengan », de modo que slo ella sera informada de las diligencias.
A todo ello se aade la difusin en la prensa de la mencionada resolucin en la que se cesa a Prez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por prdida de confianza y ms concretamente « por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Polica Judicial con fines de conocimiento ». El documento est firmado por la propia Gmez.
« Esencialmente grave »
Se da la circunstancia de que otro juzgado de Madrid, el nmero 11, inadmiti el pasado 3 de junio otra querella presentada por Vox contra Gmez y tambin contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Prez, y por las llamadas que realizaron al coronel cesado. El archivo se produjo, no obstante, antes de conocerse pblicamente el documento de cese.
Para la asociacin de consumidores, es « esencialmente grave » la fundamentacin fctica del cese del coronel relativa a no articular mecanismos para informar al ministerio sobre las pesquisas que la polica judicial realiza sobre la presunta comisin de determinados delitos que implican a personas dependientes o relacionadas con dicho ministerio, « pues sera tanto como organizar un sistema de informacin que pusiese en conocimiento de los investigados por alguna infraccin penal, las pesquisas que lleva a cabo el juez que entiende de la causa ».
Para los denunciantes, se trata de que « sistemticamente se informe de los delitos a sus presuntos autores para que de este modo puedan modificar, suprimir, alterar documentos o pruebas que los incriminen, convirtiendo al Estado en una organizacin que protege a los autores de los delitos que se cometen a su amparo ».
Adems, advierten de que as convierten al Estado en una organizacin que utiliza como medio el delito para encubrir los delitos que se cometen bajo su amparo, « que es la definicin ms precisa de organizacin mafiosa ».
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