La juez Rodrguez Medel toma declaracin este jueves a una quincena de testigos en la causa donde se encuentra imputado el delegado del gobierno.
El delegado del Gobierno Jos Manuel Franco saliendo del juzgado.
Desfile de una quincena testigos ante la juez que investiga el alcance penal de la manifestacin del 8-M durante la propagacin del coronavirus. La titular del Juzgado de Instruccin Nmero 51 de Madrid, la juez Carmen Rodrguez-Medel, ha tomado este jueves por la maana declaracin a cinco trabajadores de la Delegacin del Gobierno y tres convocantes de manifestaciones en fechas prximas a la celebracin de la multitudinaria marcha del Da de la Mujer. Por la tarde, es el turno para otros siete promotores de manifestaciones.
Entre los testigos que han comparecido en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) se encuentra el jefe de Servicio del Departamento de Riesgos Laborales de la Delegacin del Gobierno en Madrid, quien ha ratificado su declaracin ante la Guardia Civil, en la que asegur que las manifestaciones del 8-M nunca debieron celebrarse.
No obstante, segn informan fuentes jurdicas, el trabajador Ramez Muhzrram Rey ha matizado este jueves en sede judicial que, aunque l cree que, sabiendo lo que sabe ahora, que esa manifestacin « no se debera haber celebrado » no es experto en « virologa » sino farmacutico. Muhzrram Rey fue la persona encargada de elaborar un protocolo para los empleados del organismo delegado del Ejecutivo con unas medidas y recomendaciones relativas a la distancia social e higiene que deba mantener el personal frente a Covid-19.
El testigo, que remiti a la plantilla el 2 de marzo ese protocolo de actuacin, ha enfatizado en que en ningn momento recomend a la Delegacin del Gobierno prohibir la manifestacin del 8 de marzo por motivos sanitarios.
En lneas generales, todos los testigos estn ratificando el contenido de sus declaraciones ante la Guardia Civil aunque, por ejemplo, la presidenta de la Asociacin de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, ha explicado a la instructora que cree que los agentes hicieron en el atestado una « mala interpretacin » de su declaracin « debido a los signos de ortografa y puntuacin » de la transcripcin. « Segn lo que se entenda en el atestado yo haba cancelado la protesta por una llamada, pero no era as », explic la testigo. Asimismo, otro funcionario de Seguridad Ciudadana tambin ha sealado a la juez que hay « inexactitudes » en el informe de la Guardia Civil sobre sus palabras.
Por otro lado, el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri Izquierdo, ha relatado cmo desde la Delegacin del Gobierno se llam al abogado de su organizacin das despus del 8 de marzo para instarle a que desconvocara la tractorada que haban organizado desde Extremadura con destino ltimo Madrid por motivos sanitarios.
La versin que mantuvo ayer Jos Manuel Franco ante la magistrada se bas en defender que, adems de que la Delegacin del Gobierno no tiene competencias en materia sanitarias, ellos percibieron el riesgo que supona el coronavirus a partir del 11 de marzo. De ah, que todas las llamadas que se hicieron a promotores para que desconvocaran eventos masivos se hicieron despus del 8-M. Las testificales de hoy confirman ese extremo.
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